En
enero de 1947, Perón eliminó de la dirección de la CGT a Luis Gay, veterano
gremialista e inspirador del Partido Laborista, y lo reemplazó por un dirigente
de menor cuantía, indicando así la voluntad de subordinar al Estado la cúpula
del movimiento obrero. Sin embargo, no hubo resistencias ya que probablemente
para los trabajadores tenía una mayor importancia la solidaridad con quien
había hecho realidad tantos beneficios que su autonomía política, cuyos
propósitos no resultaban claros. La Ley de Asociaciones Profesionales aseguraba
la existencia de grandes y poderosas organizaciones con fuerza para negociar de
igual a igual con los representantes patronales, pero a la vez dependientes de
la “personería gremial” otorgada por el Estado. La CGT fue la responsable de
transmitir las directivas del Estado a los sindicatos y de controlar los
díscolos.
A su vez, la organización obrera se
consolidó firmemente. La sindicalización, escasa hasta 1943, se extendió
rápidamente a los gremios industriales y a los empleados del Estado, alcanzando
su auge hacia 1950. La función de los sindicatos fue bastante similar a la de
la CGT: controlar y achicar el espacio de acción autónoma e intervenir a las
secciones demasiado inquietas. También se hicieron cargo de funciones cada vez
más complejas, tanto en la negociación de los convenios como en las actividades
sociales, y debieron desarrollar una administración especializada, de modo que
la fisonomía de los dirigentes sindicales, convertidos en una burocracia
estable, se diferenció notablemente de la de los viejos luchadores. Perón procuraba profundizar el control del
movimiento sindical. Por esta razón, los gremialista que lo acompañaron
inicialmente fueron alejándose, reemplazados por otros elegidos por el gobierno
y más proclives a aceptar sus indicaciones. Las huelgas en un principio fueron
consideradas inconvenientes, pero luego francamente negativas. Por esto se
procuró solucionar los conflictos mediante mecanismos del arbitraje, y en su
defecto, se optó por reprimirlos, ya sea por mano del propio sindicato o de la
fuerza pública.